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jueves, 3 de julio de 2008

Greenpeace denuncia la grave situación de la costa de nuestro país

En las Islas Canarias "se consume territorio de forma excesiva". Esta es la principal conclusión del informe específico del Archipiélago Destrucción a toda costa 2008 que ha elaborado la organización no gubernamental Greenpeace desde donde se destaca que desde "el Gobierno de Canarias se han puesto en marcha tímidos intentos para frenar al ladrillo pero la Ley de Directrices de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias (Ley 19/2003) ha estado siempre marcada por la polémica" y recuerda que varios intentos del Ejecutivo para detener la construcción de hoteles han acabado siendo anulados por los tribunales .
El mismo documento acusa de que "el poder del lobby empresarial es enorme y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acumula reclamaciones de los promotores que han puesto cemento en la costa por un valor que asciende a 1.500 millones de euros".
Además, destaca que "Canarias ostenta el dudoso honor de ser la Comunidad Autónoma que, junto a Andalucía, tiene más alcaldes y concejales en el punto de mira de la justicia por su implicación en tramas de corrupción urbanística" y que "frente a la corrupción, la actuación de la justicia puede traer un poco de cordura a las políticas que se están llevando a cabo en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, La Palma o La Gomera, que incluyen la construcción de nuevos complejos turísticos, campos de golf y puertos deportivos". A esto añade que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anulando una veintena de licencias de hoteles dadas por los Ayuntamientos de Yaiza y Teguise, en plena moratoria, y aseveran que "esto contribuye a acabar con la sensación de impunidad tan extendida por las islas y debe ser un punto de inflexión para que no se repitan las ilegalidades en el Archipiélago".
Los ecologistas también remarcan el "grave problema de contaminación costera y marina a la que se enfrentan las Islas Canarias ya que los propios informes de Medio Ambiente del Gobierno canario hablan de más de 200 vertidos ilegales repartidos por las siete islas" a lo que se suma la amenaza de los buques petroleros que circulan por estas aguas.

Fuente: La Opinión de Tenerife

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