HORA NACIONAL CANARIA [GMT]

miércoles, 1 de julio de 2009

El contrapoder se cuece en los bufetes

Los despachos de los abogados más cañeros de Santa Cruz se han convertido en los auténticos centros donde se gesta el contrapoder frente a la administración pública y los poderes económicos. Una serie de profesionales que han encontrado en los juzgados la manera más eficaz para contrarrestrar los abusos a los ciudadanos. Lo cierto es que en la actualidad a los vecinos no les queda otro remedio que acudir a los juzgados para intentar evitar los desmanes contra los que se sienten absolutamente indefensos.
Son profesionales curtidos en mil y una batallas, de diferentes edades y modos de trabajar. Miguel Pérez Camacho, por ejemplo, es portavoz parlamentario del Partido Popular (PP). Abogado de éxito y polemista vocacional que se dedica a la política por pura pasión y por ello la quiere separar de forma radical de su trabajo. Por sus manos han pasado dos casos que han tenido mucho eco y no menos trascendencia. La reivindicación de los dueños del edificio Parlamento canario fue uno de ellos, hoy prácticamente finalizado a favor de éstos y en el que tan sólo restan por resolver algunos flecos.
Aún más importancia social tiene la sentencia refrendada por el Tribunal Supremo (TS) que obliga a devolver a sus propietarios originales cuatro parcelas de Las Huertas. Esta fue la primera que se dictó a raíz de este contencioso o más bien habría que llamarlo herida abierta en Las Teresitas a la que siguió el reconocimiento de la Gerencia de Urbanismo de la propiedad de prácticamente todas las demás parcelas a estos vecinos. El fallo supuso un auténtico bombazo para Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia, la empresa Mapfre actual dueña de este suelo y no menos para la Junta de Compensación de Las Teresitas, un ente oscuro, objeto de mil y unas sospechas que poco a poco parecen irse confirmando. El fallo fue dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el año 2006 y a partir de aquí tuvo que pasar por los habituales escollos a los que ILT somete las sentencias en su contra.
En estos momentos ha sido objeto de la interposición de un incidente de nulidad ante el TS que casi con toda seguridad superará sin problemas tras haber hecho lo propio con un recurso por error judicial. Artimañas legales que buscan retrasar la ejecución de un fallo que no tiene otro cumplimiento que devolver estas parcelas a sus propietarios originales quienes vieron como eran despojados de estas tierras por la Junta que se las vendió a ILT que luego hizo lo propio con Mapfre, sin que hubiesen recibido ni un duro por todo ello. La sentencia supone todo un hito en las reividicaciones este grupo de alrededor de un centenar de vecinos que durante décadas vieron como lo poco que les quedaba de sus antepasados les era arrebatado sin mayores consideraciones. También ha dejado muy a las claras las formas de actuación que durante años se utilizaron por estas tierras. Pérez-Camacho considera que en la actualidad a los vecinos no les queda otro remedio que acudir a los tribunales por desesperación e impotencia.
En el entramado sin fin de Las Huertas también se ha especializado el abogado José de la Rosa. Puntilloso, metódico, riguroso hasta la última coma nos encontramos con un letrado de la vieja escuela que rehuye de los focos de la prensa. pese a lo cual se ha visto rodeado de una enorme expectación. Gracias a su trabajo minucioso de alquimista medieval ha conseguido ganar dos sentencias históricas en Las Teresitas. Una anuló la compra del frente de la playa y la otra hizo saltar por los aires el proyecto de compensación. Las dos son ya firmes e inatacables y se encuentran en período de ejecución. De la Rosa empezó a tomar conciencia de lo que ocurría en Las Teresitas cuando allá por el año 2001 apareció en su despacho la vecina de Montaña Morera, Lola Schneider quien pocos momentos antes había comprobado que su vivienda había desaparecido del Registro de la Propiedad y el terreno sobre el que se sitúa había sido vendido sin su consentimiento por la Junta a ILT. Un fenómeno paranormal que se había repetido en todo el entorno de Montaña Morera. Tras años de lucha en 2007 el TSJC les vino a dar la razón. Superados los inevitables recursos y contrarecursos hace pocos meses el TS puso las cosas en su sitio.
De la Rosa también ha conseguido que Urbanismo reconozca la propiedad de los terrenos a los vecinos de Las Huertas. Pero en este caso la maniobra de la Junta ha sido la de intentar expropiar los terrenos pagando lo que valían en el año 1973, momento en el que se llevó a cabo la primera expropiación frustrada. Para lograr este reconocimiento tuvo que recopilar durante más de un año todo tipo de papeles y documentos con el que hacer valer sus argumentos ante un Ayuntamiento que ya le había visto las orejas al lobo con la causa penal abierta por la Fiscalía Anticorrupción. Es el autor intelectual de la denuncia que dio lugar al caso mamotreto aunque no se ha podido personar en la causa por la fianza fijada. Recuerdo que la primera vez que hablé con él le pedí una sentencia. La sorpresa y casi indignación al otro lado del teléfono se podía palpar. "¿Pero cuándo se ha visto que un abogado dé una sentencia?", preguntó escandalizado.
Mano a mano con De la Rosa ha trabajado también Juan José Rodríguez, abogado especialista en asuntos urbanísticos y a quien se debe el cincuenta por ciento, al menos, de la sentencia que casi con toda probabilidad hará saltar por los aires el proyecto de reparcelación de Las Teresitas. Tuvo el olfato de descubrir que el auténtico punto flaco del entramado que se concentra en esta playa era precisamente la maniobra de difuminar las propiedades individuales en un todo amorfo que luego era vendido sin el conocimiento de sus propietarios. Descubierto este talón de Aquiles todo el entramado empezó a caer como un castillo de naipes. Su propuesta es diferenciar tres planes parciales. Uno lo ocuparía el frente de la playa, otro Las Huertas donde llevarían la voz cantante sus dueños originales y otro Montaña Morera que se quedará tal y como estaba en un principio. En este último punto se sitúa el edificio de apartamentos Morera Playa cuya mala suerte fue en paralelo al resto. La Gerencia de Urbanismo parece dispuesta a desenredar la madeja. Al frente de esta batalla está el abogado Mario Machado. Rodríguez también lleva la causa en defensa de los propietarios de la conocida como Casa Roja de Ifara que tuvo que ser demolida al haber dado Urbanismo una licencia que resultó ilegal. El asunto se encuentra ahora mismo en el TS.

Activismo judicial
Pedro Arcila es un abogado atípico. Miembro de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) y de Sí Se Puede consiguió otra sentencia histórica al anularse la operación de compraventa del frente de Las Teresitas. Este fallo ha tenido tal trascendencia que incluso hizo que Costas diera un paso atrás en la rehabilitación de la playa lo que a su vez dio lugar a la paralización de las obras.
Pero Arcila ha estado también presente en la denuncia por los vertidos de aguas residuales en La Hondura que ya ha situado al concejal de Servicios Públicos, Norberto Plasencia como imputado. En los escritos que ILT ha dirigido al Supremo acusa al TSJC de haberse dejado influenciar por lo que denominan "activismo judicial". O lo que es lo mismo la presión callejera y "demonización" pública de los ciudadanos. Y ahí es donde Arcila y los colectivos a los que pertenece han tenido mucho que ver. El responde que simplemente lo que tienen que hacer los tribunales es "impartir justicia".
En el capítulo de abogados militantes nos encontramos con Gloria Gutiérrez, también diputada regional socialista quien al contrario de Pérez-Camacho no tiene ningún problema en no diferenciar su faceta política de la jurídica. En estos momentos lleva la voz cantante en el caso mamotreto. Quienes la conocen personalmente no dejan de sorprenderse de la transformación que experimenta cuando sube a la tribunal del Parlamento o ejerce en la sala de vistas. Da la apariencia de convertirse en una leona a punto de devorar a su presa. Históricos han sido sus enfrentamientos con el alcalde, Miguel Zerolo en el Parlamento a causa del mamotreto. Felipe Campos es otro abogado de la nueva escuela y por ello no muy habitual en estas tierras. Campos está en todas las salsas y cuanto más picantes mejor. Este particular letrado ha convertido a la sociedad y a los medios de comunicación en los que no ha sido vetado en un juzgado donde él mismo acusa, sentencia y condena.
Ha estado en la denuncia por ruidos de los Carnavales que por poco causa su linchamiento público y mantuvo durante algunos días en vilo a los más desaforados defensores de estas fiestas. Defiende a un propietario de Las Huertas y se ha convertido aún más en noticia casi diaria por todo lo que rodea al Parque Marítimo. Otro filón donde dice haber descubierto las más inconfesables y oscuras relaciones entre el poder político y empresarial de la ciudad. Nervioso, acelerado y polémico hasta decir basta tiene a media isla en su contra lo que no parece sino reforzarle aún más en su lucha contra todo lo que se mueva ante sus narices y tenga mínimamente la apariencia de ilegal.

Fuente: La Opinión de Tenerife

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